RESUMEN A partir de la tendencia jurídica global del reconocimiento de la naturaleza como una entidad titular de derechos, este artículo propone, en primer lugar, abordar la debida diligencia empresarial en derechos humanos con un enfoque holístico, de modo que el núcleo de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos incluya, además de la emergente debida diligencia climática, los derechos de la naturaleza. Este enfoque holístico se fundamenta en la adopción por parte de distintos ordenamientos jurídicos nacionales de los derechos de la naturaleza, y en la relación de integralidad reconocida entre los derechos humanos y la naturaleza. En segundo lugar, el artículo propone aplicar esta debida diligencia empresarial a la transición energética, teniendo en cuenta el papel que juegan las empresas en el proceso de transformación del sector energético como estrategia clave para enfrentar el cambio climático. En este sentido, la transición energética implementada bajo los estándares de la debida diligencia en derechos humanos, propuesta en este texto, respondería a la máxima: la transición energética no se trata solo de sustituir fuentes de energía fósil por fuentes renovables, sino que debe estar alineada con el desarrollo sostenible, la protección de la naturaleza y el respeto por los derechos humanos.

ABSTRACT Based on the global legal trend of recognizing Nature as an entity holding rights, this article proposes, first, to address business due diligence in human rights with a holistic approach, so that the core of the responsibility of companies to respect human rights include, in addition to the emerging climate due diligence, the rights of Nature. This holistic approach is based on the adoption by different national legal systems of the rights of Nature, and on the recognized integral relationship between human rights and Nature. Second, the article proposes to apply this business due diligence to the energy transition, taking into account the role that companies play in the transformation process of the energy sector as a key strategy to face climate change. In this sense, the energy transition implemented under the standards of due diligence in human rights, proposed in this article, would respond to the maxim: the energy transition is not only about replacing fossil energy sources with renewable sources, but must be aligned with sustainable development, nature protection and respect for human rights.

Resumen En la última década, ha surgido con mucha fuerza el concepto de Responsabilidad Social Empresarial que motivó una serie de iniciativas voluntarias, como los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre empresas multinacionales y la política social y las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Estos instrumentos internacionales, todos de soft law, tienen el propósito de introducir pautas ordenadoras del comportamiento socialmente responsable de las empresas y su confluencia en torno a dos conceptos que, si bien han sido utilizados en el ámbito societario, no se habían mencionado en materia de derechos humanos. Esto es, la noción de debida diligencia y la de esfera de influencia. No obstante, es necesario contar con un instrumento vinculante, y en ese sentido se ha venido trabajando desde Naciones Unidas hasta llegar a la Resolución 26/09 titulada “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”

Abstract In the last decade, the concept of Corporate Social Responsibility has emerged with great force, motivating a series of voluntary initiatives, such as the Guiding Principles on Business and Human Rights, the ILO Tripartite Declaration of Principles on Multinational Companies and the policy and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. These international instruments, all soft law, have the purpose of introducing ordering guidelines for the socially responsible behavior of companies and their confluence around two concepts that, although they have been used in the corporate field, had not been mentioned in matters of human rights. That is, the notion of due diligence and that of sphere of influence. However, it is necessary to have a binding instrument, and in this sense the United Nations has been working until reaching Resolution 26/09 entitled "Development of a legally binding international instrument on transnational corporations and other companies with respect to human rights".

Resumo Na última década, o conceito de Responsabilidade Social Empresarial surgiu com grande força, motivando uma série de iniciativas voluntárias, como os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, a Declaração Tripartite de Princípios sobre Empresas Multinacionais da OIT e a política e a OCDE Diretrizes para Empresas Multinacionais. Estos instrumentos internacionales, todos de soft law, tienen el propósito de introducir pautas ordenadoras del comportamiento socialmente responsable de las empresas y su confluencia en torno a dos conceptos que, si bien han sido utilizados en el ámbito societario, no se habían mencionado en materia de direitos humanos. Ou seja, a noção de due diligence e a de esfera de influência. No obstante, es necesario contar con un instrumento vinculante, y en ese sentido se ha venido trabajando desde Naciones Unidas hasta llegar a la Resolución 26/09 titulada “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los direitos humanos"

Resumen La salvaguarda del sistema financiero UE frente a la delincuencia organizada ha llevado al legislador a crear un cuerpo normativo que aboga por la prevención a través de un conjunto de medidas que deben aplicar las entidades financieras y los profesionales vinculados con este sector para evitar el uso ilícito de las vías financieras. La frontera entre la finalidad preventiva de estas medidas de control y las consecuencias penales que se derivan de la efectiva comisión del delito resulta, en ocasiones, extraordinariamente difusa. Esta circunstancia que permite hablar, en cierto modo, de un adelantamiento de la barrera penal. En este trabajo vamos a analizar los diferentes aspectos del régimen de control de riesgos existentes en el espacio judicial europeo, atendiendo a los instrumentos jurídicos en vigor. Asimismo, pondremos de manifiesto los principales escollos que impiden una protección global de las vías financieras; entre ellos -pero no los únicos - el déficit constatado en el ámbito del intercambio de información entre las autoridades implicadas, las dificultades para acceder a los datos de las operaciones financieras y la inexistente regulación en el sector de las criptomonedas, convertido en un refugio seguro para la captación de fondos por parte de la delincuencia organizada y el terrorismo. Por último, no olvidamos la necesaria referencia al futuro diseño de la estructura antiblanqueo que está construyendo la Unión, centrado en dos focos principales: el primero, localizado a nivel nacional, siendo este la función preventiva ejercida por las entidades financieras mediante el bloqueo y el control de las operaciones sospechosas; el segundo, centralizado, que prevé la creación de la futura autoridad central antiblanqueo común.

Abstract The protection of the European Union's financial system against organised crime has led the legislator to create a body of legislation that advocates prevention through a set of measures to be applied by financial institutions and professionals linked to this sector in order to avoid the illicit use of financial channels. The boundary between the preventive purpose of these control measures and the criminal consequences arising from the actual commission of the offence is sometimes extraordinarily blurred. This circumstance makes it possible to speak, to a certain extent, of an advance of the criminal barrier. In this paper, we will analyse the different aspects of the risk control regime in the European judicial area, taking into account the legal instruments in force. We will also highlight the main obstacles to the global protection of financial channels, including - but not limited to - the shortcomings in the exchange of information between the authorities involved, the difficulties in accessing data on financial transactions and the lack of regulation in the cryptocurrency sector, which has become a safe haven for fundraising by organised crime and terrorism. Finally, we should not forget the necessary reference to the future design of the anti-money laundering structure that the Union is building, centred on two main focuses: the first, localised at national level, being the preventive function exercised by financial institutions by blocking and monitoring suspicious transactions; the second, centralised, which provides for the future creation of a common central anti-money laundering authority.

ABSTRACT: In international law, the obligation to carry out a transboundary environmental impact assessment (TEIA) is considered a general customary obligation, which constitutes a legal and material consequence of the no harm rule to other States, which is an expression of the principle of due diligence. This obligation is binding on all States, including Chile. However, in our country there is no substantive regulation on this issue and the only progress is an instruction by the environmental authority. Therefore, this article aims to analyze the way in which the TEIA has been treated in our country in accordance with decisions of international tribunals and legal doctrine, concluding that it does not fulfill the international obligation, nor does it allow an adequate domestic regulation of TEIA.

RESUMEN: En el derecho internacional, la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental transfronteriza (EIAT) es considerada una obligación general consuetudinaria, que constituye una consecuencia jurídica y material de la regla de no causar daños a otros Estados, la que, a su vez, es una expresión del principio de debida diligencia. Esta obligación resulta vinculante para todos los Estados, incluido Chile. Sin embargo, en nuestro país no existe una regulación sustantiva acerca de este tema y el único avance es la dictación de un Instructivo por parte de la autoridad ambiental. Por lo anterior, este artículo tiene por objetivo analizar la forma en que se ha tratado la EIAT en nuestro país de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina internacional sosteniendo que ha sido insuficiente, tanto para dar cumplimiento a la obligación internacional existente, como para permitir una regulación interna adecuada de la EIAT.

RESUMO Uma das características próprias do direito internacional de investimentos é a forma como, com base em sua linguagem, estrutura e funcionamento, foi elaborado para oferecer maiores ferramentas aos investidores estrangeiros. Assim que, na realidade, as relações que dele decorrem são assimétricas, beneficiando em grande parte os indivíduos e deixando os Estados com poucas ferramentas; em particular, no âmbito das arbitragens internacionais de investimento. Contudo, um conceito que tem sido utilizado em algumas ocasiões e que tem servido como instrumento de defesa dos Estados é o da devida diligência dos investidores. No entanto, trata-se de uma noção diferente e em grande parte indeterminada. Este artigo propõe, com base em um estudo teórico, doutrinal e 'jurisprudencial', definir o conceito da devida diligência -de investidores- através de duas dimensões das quais derivam obrigações claras e exequíveis para os investidores com relação a si próprios, os Estados destinatários e os indivíduos afetados por seus investimentos.

RESUMEN Una de las características propias del derecho internacional de las inversiones es la forma en la que, a partir de su lenguaje, su estructura y su funcionamiento, está pensado para ofrecer mayores herramientas para los inversionistas extranjeros. De allí que en realidad las relaciones que de él se derivan sean asimétricas, beneficiando en buena medida a los particulares y dejando con pocas herramientas a los Estados; en particular en el marco de los arbitrajes internacionales de inversión. Ahora bien, un concepto que ha sido utilizado en algunas oportunidades y que ha servido como herramienta para la defensa de los Estados es el de la debida diligencia de los inversionistas. No obstante, se trata de una noción disímil y en buena medida indeterminada. Este artículo propone, a partir de un estudio teórico, doctrinario y 'jurisprudencial', definir el concepto de la debida diligencia -de los inversionistas- a través de dos dimensiones de las que se derivan obligaciones claras y exigibles para los inversionistas respecto de sí mismos, los Estados receptores y los individuos a los que afectan con sus inversiones.

ABSTRACT One of the main traits of international investment law is its design to offer greater tools for foreign investors based on its language, structure, and operation. Hence, the relations derived from it are asymmetrical, benefiting investors to a large extent and leaving States with few tools, particularly in the framework of international investment arbitration. However, a concept that has been occasionally used and has served as a tool for the defense of States is the investor's due diligence. Nonetheless, it is a dissimilar and largely indeterminate notion. This article proposes to define the investor's due diligence as a bidimensional concept from which clear and enforceable obligations are derived for investors with respect to themselves, host States, and the individuals affected by their investments based on a theoretical, doctrinal, and jurisprudential study.

ABSTRACT: Journalistic freedom of expression is essential for the dissemination of information as the media forms a platform for public debate necessary for a democratic society. Journalism at its best, acting in due diligence and ensuring the accuracy of gathered information in accordance with the principles and ethics of journalism, is a critical component for democracy, human rights, and the rule of law. Journalistic freedom helps curb corruption by granting society access to information thereby illuminating and exposing those engaged in corrupt activities. When broadcasts of grave human rights violations occur, it educates people about their rights and creates an instrument for the amplification of their voices. In addition, journalism uses documentary evidence as a means of communication and thus is also part of an advocacy drive of the media toward empowering people whose stories and messages might otherwise not be heard.

RESUMEN: La libertad de expresión periodística es esencial para la difusión de información, ya que los medios de comunicación forman una plataforma para el debate público, necesario para una sociedad democrática. El periodismo en su máxima expresión, actuando con la debida diligencia y asegurando la exactitud de la información recopilada de acuerdo con los principios y la ética de este, es un componente fundamental para la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. La libertad periodística ayuda a frenar la corrupción al otorgar a la sociedad acceso a la información, iluminando y exponiendo a quienes participan en actividades corruptas. Cuando se producen transmisiones de graves violaciones de derechos humanos, se educa a las personas sobre sus derechos y se crea un instrumento para la amplificación de sus voces. Además, el periodismo en muchos casos utiliza evidencia documental como medio de comunicación y, por lo tanto, también es parte de un impulso de defensa de los medios de difusión para empoderar a las personas a contar sus historias y mensajes, que de otro modo no se escucharían.

Abstract: Moral intelligence -through which an individual makes mental evaluation before taking action about a decision- is important in individual-centered healthcare. Using Lawshe Method, we designed the “Survey for Measuring Moral Intelligence in the Provision of Healthcare Services” with “equality”, “empathy”, “moral intelligence”, “justice”, “tolerance”, “self-control”, and “politeness” dimensions (α=.966). Age of the population (physicians and nurses) was 36.44±9.52, consisting 517 (65.5%) women, 538 married participants, 653 employed in public hospitals, and 352 had work experience of <10 years. All participants were moral intelligence-sensitive. Those who had children, worked in a private organization, and had longer work experience were more sensitive with regard to “equality”, which varied by marital status, frequency of working outside normal working hours, and age groups. “Politeness” varied between participants that have worked for >8 hours/day. Using dimensions of this survey as skills is expected to ensure due diligence about rights and dignity in healthcare services.

Resumen: La inteligencia moral, mediante la cual un individuo realiza una evaluación mental antes de tomar medidas sobre una decisión, es importante en la atención médica centrada en el individuo. Usando el método Lawshe, diseñamos la “Encuesta para medir la inteligencia moral en la provisión de servicios de salud” con dimensiones de “igualdad”, “empatía”, “inteligencia moral”, “justicia”, “tolerancia”, “autocontrol” y “cortesía” (α=.966). La edad de la población (médicos y enfermeras) era de 36.44±9.52, que consistía en 517 (65,5%) mujeres, 538 participantes casados, 653 empleados en hospitales públicos y 352 tenían una experiencia laboral de <10 años. Todos los participantes eran sensibles a la inteligencia moral. Los participantes que tenían hijos trabajaban en una organización privada, y los que tenían una experiencia laboral más larga eran más sensibles respecto de la “igualdad”, que variaba según el estado civil, la frecuencia de trabajo fuera del horario normal de trabajo y los grupos de edad. La “cortesía” varió entre los participantes que han trabajado durante >8 horas/día. Se espera que el uso de las dimensiones de esta encuesta como habilidades garantice la debida diligencia sobre los derechos y la dignidad en los servicios de atención médica.

Resumo: Inteligência moral -através da qual um individuo faz uma avaliação mental antes de agir frente a uma decisão- é importante em cuidados à saúde centrados na pessoa. Usando o Método Lawshe, nós elaboramos o “Levantamento para Medir a Inteligência Moral na Provisão de Serviços de Cuidados à Saúde” com as dimensões “igualdade”, “empatia”, “inteligência moral”, “justiça”, “tolerância”, “autocontrole” e “polidez (α=.966). A idade da população (médicos e enfermeiras) foi 36.44±9.52 anos, consistindo de 517 (65.5%) mulheres, 538 participantes casados, 653 empregados em hospitais públicos e 352 tinham experiência de trabalho <10 anos. Todos os participantes eram sensíveis à inteligência moral. Os que tinham crianças trabalhavam em organização privada e tinham mais anos de experiência de trabalho, eram mais sensíveis com respeito à “igualdade”, que variava em função do estado civil, frequência de trabalho fora do horário normal e faixas etárias. “Polidez” variou entre participantes que tinham trabalhado por >8 horas/dia. Usando dimensões deste levantamento como habilidades, espera-se que garanta a devida presteza sobre direitos e dignidade em serviços de cuidados à saúde.

Abstract: Minerals from conflict and high-risk areas such as coltan, present in all the technological devices we use on a daily basis, contribute to the exacerbation and escalation of armed conflicts, as well as to prolonging situations of human rights violations in numerous regions of the world and, specially, in Africa. To put an end to this problem, many States and international organizations, such as the United States, the Organization for Cooperation and Development in Europe or the European Union, have adopted different initiatives, all of them focused on the due diligence that agents that participate in the supply chain of all this series of conflict minerals must carry out. However, the fact that some of these initiatives are not even in force has not prevented the possibility of identifying limits that obstruct the achievement of its main objective: to break the link between the illegal exploitation of natural resources, the illicit trade of these resources, and the perpetuation of armed conflicts. In this way, it is worth asking if there are more effective viable alternatives to the existing initiatives, such as a certification system similar to the Kimberley Process Certification Scheme.

Resumen: Los minerales de zonas de conflicto y de alto riesgo como el coltán, presente en todos los aparatos tecnológicos que utilizamos de manera diaria, contribuyen a la exacerbación y al recrudecimiento de los conflictos, así como a la prolongación de situaciones de violación de derechos humanos en numerosas regiones del mundo y, sobre todo, en África. Para acabar con esta lacra, numerosos Estados y organizaciones internacionales, como Estados Unidos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa o la Unión Europea, han adoptado diferentes iniciativas, centradas todas ellas en la diligencia debida que deben llevar a cabo los agentes que participan en la cadena de suministro de toda esta serie de minerales de conflicto. No obstante, el hecho de que algunas de estas iniciativas ni siquiera se encuentren en vigor, no ha impedido la posibilidad de identificar límites que obstruyen el logro de su principal objetivo: romper el nexo entre la explotación ilegal de recursos naturales, el comercio ilícito de estos recursos, y la perpetuación de conflictos armados. De esta manera, cabe preguntarse si existen alternativas viables más efectivas a las iniciativas existentes, como podría serlo un sistema de certificación análogo al del Proceso Kimberley de Certificación de Diamantes.

Resumen Este artículo desarrolla el estándar de revisión de expropiación indirecta en el caso Eco Oro c. Colombia, cuyas pretensiones se sustentan en el tratado de libre Comercio -TLC-celebrado entre Colombia y Canadá (2008), capítulo de inversiones. El caso evidencia lo complejo de armonizar la tensión entre la protección al medio ambiente, en especial los ecosistemas de páramo, en un país que posee la mayor riqueza de páramos en el mundo, y el respeto por los derechos económicos de los inversionistas, quienes, previa autorización por parte del Estado, emprendieron una actividad económica de exploración minera. Finalmente, el artículo propone explorar los límites de la debida diligencia y la concurrencia de culpas en los casos en los que la expropiación indirecta emerge como consecuencia de la protección al medio ambiente.

Abstract The article develops the revision standard of indirect expropriation applicable to the Eco Oro vs. Colombia case, whose pretentions are supported on the Free Trade Agreement FTA between Canada and Colombia (2008), investment chapter. The case shows how complex it could be to harmonize the clash between the environment protection, specially, paramo ecosystems, in a country that owns the wealthiest paramus in the world, and the respect of the economic rights granted to investors that started a mining project with the authorization of the host state. Finally, the article suggests exploring the due diligence's limits and concurrent negligence in cases where the indirect expropriation emerges as a consequence of the environment protection.

ABSTRACT: In recent years, it has been observed that several banks around the world have decided not to initiate, or terminate, pre-existing commercial relationships with clients considered to be of higher risk regarding money laundering and/or terrorist financing (ML/TF). The study of this phenomenon, known as de-risking, is the main objective of this work. The article reviews the context in which this practice has been originated, examines the main causes and repercussions attributed to it in relation to the prevention of ML/TF, as well as those categories of clients affected by it, both in Chile and abroad, and identifies some possible ways of solving this phenomenon.

RESUMEN: Durante los últimos años se ha observado que diversos bancos alrededor del mundo han decidido no iniciar, o bien, terminar relaciones comerciales preexistentes, con ciertas categorías de clientes consideradas de mayor riesgo de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT). Esta práctica, denominada de-risking, constituye el objeto de estudio de este trabajo. En el artículo se revisa el contexto en que se ha originado esta práctica, se examinan las principales causas y repercusiones que se le han atribuido en relación con la prevención del LA/FT, se identifican aquellas categorías de clientes afectados por la misma, tanto en Chile como en el extranjero, y se señalan algunas posibles vías de solución a este fenómeno.

RESUMEN El presente artículo analiza el alcance de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en escenarios de transición de conflicto armado a una paz negociada, a la luz de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y del marco jurídico que rige a la Corte Penal Internacional (CPI). A través de un análisis doctrinal y jurisprudencial, las autoras identifican que existen debates, vacíos y cuestiones problemáticas en la determinación de la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y que para darle mayor claridad deben analizarse conjuntamente el SIDH y el marco normativo de la CPI, ya que pueden resultar complementarios teniendo en cuenta el alto contenido penal de la obligación. Así mismo, las autoras evidencian que la existencia de vacíos en la determinación de la obligación, especialmente en relación con las conductas objeto de la obligación y la posibilidad de seleccionar casos y concentrarse en los máximos responsables, tiene graves consecuencias para la seguridad jurídica de los Estados y de los ciudadanos.

ABSTRACT This article analyzes the scope of the obligation to investigate, prosecute and punish in a scenario of transition from armed conflict to a negotiated peace, in light of the jurisprudence of the Inter-American Human Rights System and the legal framework that governs the International Criminal Court. Through a doctrinal and jurisprudential analysis, the authors identify that there are debates, gaps and problematic issues in the determination of the duty to investigate, prosecute and punish. In order to give greater clarity, the IAHRS and the normative framework of the ICC must be analyzed together, since they can be complementary considering the high criminal content of the obligation. Likewise, the authors find that the existence of gaps in the determination of the obligation, especially in relation to the conducts subject to the obligation and the possibility of selecting cases and concentrating on those most responsible, has serious consequences for the legal security of the States and citizens.

Abstract The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) marked the end of a long journey towards regulating corporate conduct on this issue. However, they were conceived only as a focal point to guide public, corporate and civil governance towards the respect and protection of human rights. For this reason, the UNGP function as a common platform on which new rules and strategies should be developed. In this sense, as an element of public governance, Mexico adopted the criminal liability of corporations (CLC), which entered into force in 2016, along with the accusatory criminal justice system. Thus, since one of the purposes of criminal law is the subsidiary protection of legal assets -most of which have an underlying fundamental right-, the purpose of this article is to determine whether or not Mexico’s adoption of the CLC enhances the implementation of the UNGP, and if so, to evaluate its scope and limitations. After scrutinizing the UNGP in light of the regulation of the CLC in Mexico, the author argues that, although its performance can be optimized in many ways, the CLC plays an essential role in the area of business and human rights, not only for its direct contributions, but also for the interaction it generates with corporate and civil governance.

Resumen Los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos (PR) marcaron el final de un largo camino hacia la regulación de la conducta de las corporaciones en relación con esta materia. No obstante, los mismos fueron concebidos únicamente como un punto focal tendiente a orientar las gobernanzas pública, corporativa y civil hacia el respeto y protección de los derechos humanos. Por ello, los PR constituyen una plataforma común sobre la cual nuevas reglas y estrategias de regulación deben desarrollarse. En este sentido, como un elemento de la gobernanza pública, México adoptó la responsabilidad penal de las empresas (RPE), la cual entró en vigor en 2016, junto con el sistema acusatorio de justicia penal. En este sentido, si uno de los fines del derecho penal es la protección subsidiaria de bienes jurídicos -en la mayoría de los cuales subyace un derecho fundamental-, el propósito de este artículo es determinar si la adopción en México de la RPE constituye un avance en la implementación de los PR, y en su caso, evaluar cuáles son sus alcances y limitaciones. Después de escrutar los PR a la luz de la regulación de la RPE, el autor sostiene que, aunque existen diversas maneras de optimizar su contribución, la RPE desempeña una función esencial en el campo de las empresas y los derechos humanos, no solo por sus aportaciones directas, sino también por las relaciones de refuerzo que entabla con las gobernanzas corporativa y civil.

Banks must undertake due diligence measures on customers in the frame of money laundering prevention. Under the Recommendation N° 17, the Financial Action Task Force (FATF) allows States to admit a financial institution to rely on due diligence procedures performed by other financial institutions or introducers. The aim of this paper is to analyse the FATF Recommendation Nº17 regarding this issue, and to identify some potential obstacles on its implementation and compliance between banks.

Los bancos, en el marco de la prevención del lavado de activos, deben aplicar medidas de debida diligencia respecto de sus clientes. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) admite que los Estados, bajo ciertas condiciones, establezcan que las instituciones financieras pueden confiar en los procedimientos de debida diligenciallevados a cabo por otras instituciones financieras o presentadores ("terceros"). El objetivo de este trabajo consiste en analizar la Recomendación Nº17 del GAFI que se refiere, precisamente, a la dependencia o colaboración de terceros en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia e identificar algunos posibles obstáculos para su aplicación entre bancos.

This paper analyzes the anti-money laundering regulation about the moment in which a bank has to know his customers. It is particularly focused in the role of an issuing bank in a documentary credit operation. The thoughts mentioned are aimed to strengthen the preventive role of the antimoney laundering provitions, taking into account how this international means of payment is conducted according to the Private Law.

En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este medio de pago.

La relación de las empresas con los derechos humanos ha ido tomando cada vez más fuerza y en ese sentido se hace necesario precisar conceptos y apreciaciones sobre cuáles responsabilidades le son atribuibles a las empresas y cuáles a los Estados. Así, en el presente artículo las autoras buscan acercarse al concepto de debida diligencia, consagrada en los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de John Ruggie, la cual recae en cabeza de las empresas en cuanto al respeto y protección de los derechos humanos, al tiempo que se quiere mostrar cuáles aspectos de este deber son responsabilidad de los particulares y cuáles del Estado. Por tanto, se expondrán, a lo largo del artículo, (I) el concepto de debida diligencia; (II) cómo elaborar un proceso de debida diligencia en el marco de derechos humanos; (III) el desarrollo e implementación de procesos de debida diligencia en derechos humanos; (IV) límites a la debida diligencia de las empresas; y (V) precisar en materia de debida diligencia, cuáles son las obligaciones del Estado y cuáles sus límites. A modo de conclusión, las autoras buscan dar recomendaciones que permitan tanto a empresas como a Estados, un cumplimiento efectivo de sus obligaciones y responsabilidades.

The relation between companies and Human Rights has been gaining more and more strength and in that sense it is necessary to specify concepts and insights about what responsibilities we are attributable to companies and what States. So, in this article the authors seek to approach the concept of due diligence, enshrined in John Ruggie's Guiding Principles, which lies at the head of companies in terms of respect and protection of human rights, while also wants to show which aspects of that duty are the responsibility of individuals and which are the responsibility of the State. Therefore, it will be discussed throughout the article (I) the concept of due diligence, (ii) how to develop a process of due diligence in the context of human rights, (iii) the development and implementation of due diligence processes and human rights, (iv) limits on the due diligence of companies (V) finally in terms of due diligence, what are the obligations of the state and what is the limit for this. As conclusion, the authors seek to give a sort of recommendations that will enable both companies to States, effective enforcement of their obligations and responsibilities.